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“Son unos vividores”

Montserrat Martín. 11-05-2010

Con estas palabras, pocas pero muy claras, resumía una joven estudiante de la capital su impresión tras la asistencia a un pleno en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Se trata de una opinión casi generalizada, ganada a pulso durante años por las actitudes manipuladoras de muchos cargos públicos y las actuaciones incoherentes de los partidos políticos, y agravada por la gran cantidad de casos de corrupción destapados. Por ello, no es de extrañar que la ciudadanía suspenda al Gobierno y a la oposición, ambos responsables por acción y/o por omisión de la situación actual.

Canarias es una de las comunidades del país en que más delitos contra el medio ambiente se cometen y la Administración pública no ha presentado denuncia alguna por delitos contra el medio ambiente en los tres últimos años. Estos datos del Fiscal de Medio Ambiente son alarmantes y reflejan nuestra triste realidad urbanística: son las propias administraciones las que favorecen la especulación urbanística, en unas ocasiones hacen la vista gorda, en otras omiten informes y hasta hay casos en que se cobran comisiones.

Historias de corrupción política se ven y leen un día sí y el otro también en los medios de comunicación a todos los niveles, en las que aparecen involucrados representantes públicos y altos funcionarios y pocos son los que acaban pagando sus culpas, ni siquiera una simple dimisión.

En los últimos días en Canarias ha llamado la atención que el Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno autonómico haya sido condenado por denuncias infundadas contra el denunciante del caso Eólico, al que expulsó de la sociedad pública que presidía por denunciar irregularidades. Ahora, por segunda vez, la justicia le da la razón al denunciante y pone de manifiesto que Soria mintió al Parlamento y que todas las irregularidades denunciadas han sido probadas. En cualquier lugar digno de ser calificado como democrático, lo mínimo sería la dimisión.

En el caso majorero de Montaña Rayada el Gobierno ha pagado a tocateja los más de 33 millones de euros de indemnización, sin acogerse a demora o dilación. Por su parte, en el caso Tebeto el Ejecutivo está condenado a pagar más de 102 millones de euros a la empresa Cabo Verde por los derechos de explotación de una cantidad de traquita que la montaña ni siquiera tiene. En el caso Tindaya han desaparecido decenas de millones de euros y nadie se ha ocupado de buscarlos.

Mientras el dinero público se usa en estos y otros menesteres semejantes, productos de la mala gestión y de la mala fe, los ingresos caen y los trabajadores pierden sus empleos, y en las calles, cada vez más necesitados. El paro, los problemas económicos y la sanidad son los tres problemas principales, según el barómetro canario, y el Gobierno no da la talla ni por asomo.

Ante esta situación la esperanza está en los jóvenes, los únicos con la fuerza vital para enfrentarse y luchar por combatir la corrupción, el abuso de poder y el miedo existente en nuestra débil democracia. A ellos les corresponde esta difícil tarea de cambiar la dinámica política, para la que podrán contar con el apoyo de todas las personas honestas y cabales predispuestas. Pero hay que empezar a organizarse ya.

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