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Por un verdadero equilibrio canario: "La isla autónoma"

Manuel Molina. 31-05-2011

En la transición democrática española, el legislador rindió un homenaje histórico a todos los territorios nacionales, gestionando legislativamente tal reconocimiento, tras demasiados años de centralismo injustificables desde cualquier punto de vista.

El Estado de las Autonomías, tal y como se estructuró en aquellas importantes fechas de la Constitución Española, tuvo en consideración territorios históricos al igual que fabricó artificialmente otros, reconociéndole a unos lo que la historia contemporánea había menospreciado y a otros le significó el reconocimiento de ser autonomías de pleno derecho, como absoluta novedad histórica, tras siglos de dependencia de Madrid sin conocer tales mieles del autogobierno en toda su existencia como miembros de la unidad nacional.

La realidad dependiente de Canarias ha sido una constante histórica, como lo sigue siendo en el día de hoy. La transición democrática en Canarias desautoriza como indiscutible el hecho histórico de la división provincial, sin terminar de profundizar en la idiosincrasia isleña, madurada tras siglos de aislamiento geográfico. Sólo aquellos canarios con conciencia de la doble dependencia (de las islas mayores y de Madrid) lucharon por eliminar alguna de ellas, para asumirla como propia. Es el caso del majorero Manuel Velázquez Cabrera y el plebiscito que desembocó en la actual organización cabildicia canaria.

La creación de la autonomía canaria disolvió la división provincial -división iniciada en el primer tercio del siglo XX con el objetivo de proceder a reconocer la realidad insular- retornando de nuevo al viejo centralismo predemocrático que la propia transición democrática eliminó de cuajo -de Madrid- vía transferencias a los distintos nuevos gobiernos autónomos. Los Adelantados de Castilla y sus posteriores herederos practicaron desde la isla de Tenerife un gobierno centralizado en los intereses de las tradicionales familias históricas de Canarias, desembocando -en esta última versión democrática española- en las mismas virtudes y los mismos vicios, sobre todo, que heredaron y practicaron tras siglos de control social y económico de toda Canarias. Este descrito legislador "adelantado" tiene la experiencia de siglos en el control de la situación, trasladando inconscientemente esta cultura centralista a la nueva forma de gobernar políticamente Canarias, para que nada cambie.

En ningún momento se siguió profundizando en la idiosincrasia insular (segundo gran paso): en algún caso, por tratarse de los acomodados herederos de una situación de siglos de privilegios consentidos por la corona y, en la inmensa mayoría, el pasar de "nada" a "un poco" significó una percepción personal subjetiva de "muchísimo", colaborando necesariamente en que la realidad centralista continuase por sus fueros como si nada hubiese sucedido tras la transición democrática.

Las islas periféricas, aquellas más dolidas con sus hermanas coetáneas, también canarias, tuvieron de aliados políticos a líderes en partidos insularistas más o menos conscientes de la necesidad de profundizar en el equilibrio interinsular. Tal vez el desarrollismo económico "nubló" de alguna manera tal necesidad de análisis y toma de decisiones, abocando a casi todos a la triste realidad actual de "consentimiento" por "supervivencia", tal y como lo demuestra nuestra actual e "inconsistente" realidad.

Por puro pragmatismo político, hablar de profundizar en la idiosincrasia y descentralización del gobierno canario hacia los cabildos es contraproducente con esta importante e histórica tradición centralista tinerfeña, lo que ha paralizado -tras las adecuadas, sutiles y habilidosas modificaciones legislativas- el que el resto de Canarias pueda decidir sobre sí misma y su propia reestructuración de cada al futuro. La consecuencia de estos malintencionados deseos -convertidos en control centralista por obra y gracia de las triquiñuelas legislativas mencionadas- ha sido empobrecer -democráticamente, eso sí- el estado de nuestra autonomía, obligando a enmudecer a las mal llamadas islas menores -como siempre aconteció históricamente- y aumentar significativamente la distancia por los propios "desequilibrios" procedentes del centralismo tinerfeño.

La siguiente reforma en la que debemos ahondar en Canarias -lejos de seguir manteniendo esta histórica situación de macrodependencia, tal y como se transcribía de la realidad económica al subconsciente de los legisladores, conformando una "unidad con un mismo destino"- lejos, como digo, de esta trasnochada visión feudal, esta importantísima reforma político-administrativa de Canarias pasaría por otro proceso de "descentralización", procediendo a trasmitir a todos y cada uno de los Cabildos Insulares -que no están precisamente para "decorar" tal y como lo sufren actualmente- competencias usurpadas por este modelo electoral hábilmente modificado, finalizando tal reforma en dos grandes e históricos cambios para la estructura política de Canarias: autonomizar a cada una de las islas (Islas Autónomas), a modo de las "Ciudades Autónomas" y que la propia Constitución Española consintió con distintos territorios extrapeninsulares españoles, y la consiguiente "Mancomunidad de Islas –Canarias-" (que no FEDERACIÓN, expresamente prohibido en el artículo 145-1 de la Constitución Española), órgano sustitutivo –y eliminador- del actual "Gobierno de Canarias", que tras la descentralización inmediata de competencias a sus verdaderos propietarios insulares, aglutinaría aquellas que nos den sentido como territorio ultraperiférico y lo que ello conlleva, sin duplicidades, como sabemos, ni triplicidades en algunos casos.

Ya no es preciso hablar de "Nación Canaria", tal y como pregona algún espíritu nacionalista -más emocional que realista- encuadrándose en prototipos políticos aislacionistas. Esta propuesta de modelo alternativo elimina de golpe la paralización de la decisión en los principales temas que afectan a la propia isla y a sus necesidades de desarrollo y consolidación; permite una relación CONSENTIDA –mancomunada- con el resto de las islas –de tú a tú- y no de SUMISIÓN –de usted a tú-. Son verdaderos lazos de amistad entre distintas voluntades y pueblos y no primitivas relaciones de pleitesía incomprensibles hoy en día.

En resumidas cuentas, islas autónomas conglomeradas en Mancomunidad Regional, donde cada una de ellas posean, por serlo, el peso que ahora les falta en sus propios temas, pasando de "imponer" a "acordar", nada menos. Es el "EQUILIBRIO INTERINSULAR" el que se persigue, y que podría alcanzarse, tras reconocer derechos e igualdad para todas y cada una de las islas. Siempre quedaría Madrid en una línea directa de relaciones, tras posibles fracasos amistosos.

Ahora toca asociarse a todas las organizaciones políticas "menospreciadas" por el actual sistema electoral, en un acto de SOLIDARIDAD HISTÓRICA, con el objetivo fundamental de modificar definitivamente las formas en Canarias. No importa la ideología en estos momentos. Se trata de UNIDAD ante el menosprecio de décadas –en democracia- o de siglos a lo largo de la historia. Modificar la forma de gobierno y el acceso al poder para dar el siguiente paso, la siguiente reforma. Después, ya veremos….

NOTA: Artículos de la Constitución Española de 1978 que permiten –sin modificarla- el acceso a la AUTONOMÍA INSULAR:

CAPÍTULO III.

DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

Artículo 143. 1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.

2. La iniciativa del proceso Autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

Artículo 144. Las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

a. Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.

b. Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.

c. Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.

Artículo 145.

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.

2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales

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