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AMF presenta una QUERELLA CRIMINAL contra el Presidente del Cabildo, MARIO CABRERA, por los delitos de PREVARICACIÓN, NOMBRAMIENTO ILEGAL, DESOBEDIENCIA Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, por haber vuelto a nombrar a los eventuales al día siguiente de cesarlos en cumplimiento de la sentencia judicial que así se lo ordenaba

nota de prensa de asambleas municipales de fuerteventura

Fuerteventura. 22-09-2014

El Presidente del Cabildo, Mario Cabrera González, por medio del Decreto 2.818/2.014, del 23 de julio de 2.014, cesó a los funcionario eventuales cuyo nombramiento había sido declarado nulo por la sentencia judicial recaída en el Procedimiento Contencioso nº 414/2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Las Palmas, interpuesto por AMF. Pero al día siguiente, el 24 de julio de 2.014, a través del Decreto nº 2.827/2.014, los vuelve a nombrar funcionarios eventuales.

El 24 de julio de 2.014 el Cabildo de Fuerteventura no podía nombrar a más funcionarios eventuales, porque la reforma legal de la Ley de Bases de Régimen Local solo le permite tener un número de 13, que precisamente es el personal funcionario eventual que tiene el Cabildo actualmente y del que disponía a 31 de diciembre de 2.012, por lo tanto no se puede acoger a la excepción de dicho límite recogida en la Disposición Transitoria Décima de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

El coste mensual, con salarios y cotizaciones a la seguridad social, de este personal, está en torno a 50.000 € (600.000 € anuales).

El Presidente del Cabildo dicta el Decreto 2.827/2.014, nombrando de nuevo a los funcionarios eventuales cesados, conociendo que legalmente no puede proceder al nombramiento de más personal eventual y con la única finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia que le obliga a cesarlos, realizando para ello una apariencia de cumplimiento con el acto ficticio del cese el día anterior, conocedor además que dicho nombramiento va a suponer un quebranto mensual a las arcas del Cabildo de aproximadamente unos 50.000 €. Estos nombramientos fueron ilegales, dictando una resolución para dar apariencia de legalidad a lo que era solo la expresión desnuda de la voluntad del Presidente del Cabildo, con el objeto de eludir el cumplimiento de una resolución judicial y de obtener un ilícito enriquecimiento (para algunos de sus partidarios políticos por medio de sueldos), a cargo del correlativo empobrecimiento del erario del Cabildo Insular.

Para AMF este Decreto 2.827/2.014 es una resolución injusta y arbitraria, donde se procede al nombramiento ilegal de funcionarios, con la intención dolosa de eludir el cumplimiento de la sentencia y que supone una desobediencia a las resoluciones judiciales y una malversación de los caudales públicos, por lo que implica de seguir pagando sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social por un importe aproximado de 50.000 euros mensuales, por lo que supone la comisión de los delitos de PREVARICACIÓN, en grado de consumación, previsto y penado por el art. 404 del Código Penal (inhabilitación de 7 a 10 años), de NOMBRAMIENTO ILEGAL DE CARGO PÚBLICO en grado de consumación previsto y penado por el art. 405 del Código Penal (multa de 3 a 8 meses y suspensión de empleo o cargo público de 6 meses a 2 años), de DESOBEDIENCIA, en grado de consumación, previsto y penado por el art. 410.1 del Código Penal (multa de 3 a 12 meses e inhabilitación de 6 meses a 2 años) y de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en grado de consumación previsto y penado por el art. 432.1 del Código Penal (prisión de 3 a 6 años e inhabilitación de 6 a 10 años).

Hace unas semanas la STS 600/2014, de 3 de septiembre de 2.014 (Recurso de Casación 1.853/2.013), condena al ex Alcalde de Jerez, Don Pedro Pacheco, por los delitos de nombramiento ilegal, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos, considerando el Tribunal Supremo que la comisión de un delito de nombramiento ilegal lleva aparejada la malversación de caudales públicos.

Aparte de la querella, AMF presentará un incidente de ejecución en el Procedimiento contencioso 414/2011, para que el Decreto 2.827/2.014 sea declarado nulo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 103.4 de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativo (“Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento”).



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