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El Gobierno acuerda personarse en el recurso de inconstitucionalidad contra las medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las Islas Verdes

Canarias. 20-02-2017
Además, se presentarán alegaciones en defensa de la constitucionalidad de los artículos 3 y 4 y de las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 2/2016, de 27 de septiembre
El Consejo de Gobierno ha acordado personarse en el recurso de inconstitucionalidad promovido por el grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea contra los artículos 3 y 4 y disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 1/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre Medidas de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, más conocida como ‘Ley de las Islas Verdes’.
La propuesta de personación en este proceso, presentada por Presidencia del Gobierno y la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, se realiza para formular alegaciones en defensa de la constitucionalidad de los citados artículos y disposiciones adicionales, ya que lo que se pretende con esta Ley es conseguir un desarrollo sostenible en los términos ya culturalmente asumidos, un desarrollo económico y social duradero, compatible con la conservación de los recursos naturales y el incremento de la calidad de vida de sus ciudadanos, lo que requiere disponer racionalmente de todas las potencialidades y propiciar una situación socioeconómica territorialmente equilibrada, tal y como señala en su exposición de motivos la Ley 2/2016.

En este orden, y a partir del criterio general de que las actividades turísticas constituyen, a corto y medio plazo, el instrumento con mayor capacidad de inducción del crecimiento económico y demográfico, se plantea la necesidad de buscar otros modelos turísticos alternativos que permitan el aprovechamiento de estas potencialidades y, entre ellas, el paisaje y el medio rural propio de estas islas o comarcas, incidiendo en el mercado turístico con otros productos, distintos a los ya tradicionales.

Esta propuesta va dirigida a que el suelo rústico adquiera un papel dinámico en las nuevas políticas territoriales, urbanísticas, medioambientales, socioeconómicas y culturales. En esta línea, se inserta la propuesta de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias, relativa a previsiones para La Palma, La Gomera y El Hierro que permitan “instaurar un modelo de desarrollo sostenible propio y un desarrollo turístico específico” en estas islas, “mediante la realización en suelo rústico de unidades aisladas de explotación turística integradas en el medio y respetando el paisaje agrario”.

No obstante, esta nueva concepción no supone construir un ordenamiento ajeno respecto del común o general en la materia, de tal modo que sus especialidades deben insertarse en los criterios básicos de la legislación del territorio recogidos en el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y ello tiene como consecuencia la conservación de sus principios esenciales y entre ellos:

El sometimiento a un único cuerpo normativo de la regulación de todas las actuaciones con relevancia territorial, en el entendimiento de que el territorio y, en especial, su elemento básico que es el suelo, es una unidad sensible y frágil.

La aplicación de criterios de crecimiento compacto en los asentamientos poblacionales, como respuesta a las limitaciones cuantitativas del suelo como recurso y recuperación de unos modelos de tramas urbanas más acordes con los principios del desarrollo urbano sostenible.

La conservación del suelo rústico no sólo por sus valores específicos, sino por la necesidad de mantener un espacio vacío, un espacio no ocupado como elemento básico y necesario para garantizar lo que entendemos como calidad de vida.

Las especialidades que la Ley establece se dirigen pues, a posibilitar la utilización del suelo rústico con fines turísticos como elemento dinamizador económico y social. Para ello, la Ley recoge que es posible exceptuar algunas reglas de la legislación general y específica otras varias con el fin de dar coherencia plena a esa finalidad, de tal modo que en atención a ello es la propia Ley la que, además de exceptuar el cumplimiento de determinados trámites, da cobertura expresa a la exigencia de situarse el proyecto alojativo necesariamente en suelo rústico. Por los mismos motivos, los requisitos que se imponen en los diferentes tipos de proyectos alojativos, encaminados siempre a aquella finalidad dinamizadora procuran, en todo caso, la conservación del medio ambiente tal como está establecido en el ordenamiento general y buscan, en todo momento, la calidad en las actuaciones, imponiendo unas características mínimas tanto en las dimensiones espaciales como en la categoría de los alojamientos proyectados.

Estos modelos deberán establecer unos ritmos de crecimiento que permitan una adecuación pacífica de las estructuras económicas y productivas locales, capaz de hacerlas partícipes y protagonistas del proceso que se genere y muy especialmente de la adecuación profesional de la población a las nuevas necesidades.


El Gobierno podrá realizar pagos anticipados para impulsar la actividad económica
El Consejo levanta la prohibición establecida en un anterior Acuerdo y suprime el trámite de exceptuación autorizado por Hacienda
El Consejo de Gobierno, a propuesta de las Consejerías de Presidencia, Justicia e Igualdad y Hacienda, ha acordado levantar la prohibición y suprimir el trámite de exceptuación para la concesión de abonos anticipados de las subvenciones, aportaciones dinerarias y encomiendas de gestión con el fin de impulsar la actividad económica.
El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el 22 de febrero de 2016, aprobó un Acuerdo en el que se establecían los criterios generales y medidas que conforman el marco de referencia para la asignación y el uso eficiente de los recursos públicos en el sector público autonómico para el año 2016, cuyos efectos se prorrogan automáticamente por periodos anuales.
Entre las medidas aprobadas figuraba la prohibición de conceder pagos anticipados para determinados gastos y proyectos de inversión, a excepción de los autorizados previamente por la Consejería de Hacienda, para garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, obligando a las administraciones públicas a actuar de la manera más eficiente posible con actuaciones y medidas alineadas con la austeridad y el uso eficiente de los recursos públicos.
Ahora, a la vista del nuevo contexto económico y del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, el Gobierno ha acordado modificar el Acuerdo de Gobierno de 22 de febrero de 2016 con el fin de impulsar medidas que impacten positivamente en la consolidación de la recuperación económica.
Así, las subvenciones financiadas con fondos propios podrán establecer abonos anticipados siempre que la ejecución de la actividad o realización de inversión se produzca dentro del ejercicio presupuestario en que se concede. En su caso, se podrán tramitar abonos parciales ajustados a la duración y ritmo de ejecución del proyecto o actividad supeditando cada nuevo pago a la justificación del pago anterior.
También se podrá establecer el abono anticipado de aportaciones dinerarias y de encomiendas de gestión siempre que no se dispongan de recursos suficientes para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad, siendo el plazo máximo para la aplicación de los fondos anticipados el 31 de diciembre del ejercicio presupuestario en que se concede.
Del mismo modo, las subvenciones y aportaciones financiadas con fondos estatales, a los efectos de establecer abonos anticipados, estarán a lo dispuesto en la normativa específica que le sea de aplicación.
Por otra parte, se podrá establecer el abono anticipado a entidades colaboradoras siempre que la obligación de pago al beneficiario se produzca dentro del ejercicio presupuestario. Este último requisito no será necesario cuando se trate de entidades que actúen como colaboradoras en la gestión de incentivos a la contratación dentro de las políticas activas de empleo, así como de ayudas de Estado del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias y de subvenciones destinadas a compensar los costes adicionales soportados por los operadores de determinados productos de la pesca.
Las aportaciones dinerarias financiadas en su integridad con cargo a los fondos de la Administración General del Estado para la financiación del transporte regular de viajeros por carretera podrán abonarse anticipadamente siempre que se haya materializado el ingreso correspondiente por parte de la Administración General del Estado, aún cuando el plazo de realización de la inversión como de la justificación exceda del 31 de diciembre del ejercicio en que se conceda.
Por último, para las subvenciones, aportaciones dinerarias o encomiendas cofinanciadas con cargo a los Programas Operativos FEDER Canarias, FSE Canarias, Empleo Juvenil, Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), Programa de Desarrollo Rural de Canarias (FEADER) del período 2014-2020, también se podrá establecer abono anticipado, siempre que no dispongan de recursos suficientes para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad.


El Gobierno remite al Consultivo el cambio de nombre de la Universidad Internacional de Canarias

El Consejo incluye en su acuerdo la prórroga para la implantación de este centro de enseñanzas superiores, por cinco años más

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy la tramitación urgente del anteproyecto de Ley por el que se modifica la denominación de la Universidad Internacional de Canarias por la de Universidad Atlántico Medio y se amplía el plazo para solicitar el inicio de actividades. Este acuerdo supone la remisión inmediata del expediente al Consejo Consultivo, para que emita su informe a la mayor brevedad posible.

Una vez recabado éste, se procedería a incorporar las indicaciones oportunas que contenga el dictamen y a remitir la propuesta de cambio de nombre al Parlamento autonómico, que es el órgano que ha de aprobar las leyes de creación de nuevas universidades y, por lo tanto, también sus modificaciones.

La Universidad Internacional de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, fue reconocida por la Ley 5/2015, de 26 de marzo. El artículo 4.2 de dicha Ley señala que la Universidad solicitará la autorización para el inicio de actividades, en un plazo no superior a dos años desde la entrada en vigor de la misma, es decir, desde el 1 de abril de 2015, cumpliéndose, por lo tanto, el 1 de abril de 2017.

La Consejería de Educación y Universidades ha solicitado la tramitación de urgencia, al estimar que concurren razones de interés público ante el inminente vencimiento de la fecha límite del comienzo de la actividad. La Consejería ha elevado el expediente al Consejo de Gobierno, después de recabar todos los informes preceptivos, incluido el acuerdo del Consejo Universitario de Canarias, de 31 de Enero de 2017, que informó favorablemente el cambio de denominación y la modificación del plazo de inicio.

La solicitud de cambio de denominación, según indica la Universidad Internacional, obedece a un requerimiento de la Universidad Internacional de Cataluña, a fin de evitar posibles inferencias o errores ante una denominación tan parecida. Por otro lado, la nueva denominación figura registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En cuanto a la ampliación del plazo, la Universidad alega razones de diversa índole, ajenas a su voluntad, que impiden el cumplimiento y están relacionadas con la habilitación de las sedes donde comenzará a impartir su labor docente. 

El Gobierno autonómico ya se pronunció en sentido favorable a la tramitación de esta soicitud por acuerdo de 26 de diciembre de 2016, que modificó el acuerdo de 19 de diciembre sobre cambio de denominación, en el sentido de que la iniciativa comprenda también la ampliación del plazo de inicio de la actividad.
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